Internet tiene una memoria prácticamente infinita. Información que alguna vez fue publicada puede permanecer disponible durante años, incluso cuando ya perdió relevancia o dejó de reflejar la realidad de una persona. Una noticia antigua, un proceso judicial superado o un error cometido en el pasado pueden seguir apareciendo cada vez que alguien busca un nombre en internet. Esta situación ha dado origen al llamado derecho al olvido, entendido como la posibilidad de solicitar que cierta información personal deje de ser accesible cuando se vuelve obsoleta o perjudica injustamente a una persona (Guevara Tulcán, 2023).

En Colombia, aunque la Constitución reconoce derechos como la intimidad, la honra, el buen nombre y el hábeas data en el artículo 15, el derecho al olvido no existe aún como una figura jurídica autónoma. Actualmente, la protección de los datos personales se apoya principalmente en normas como la Ley 1266 de 2008, que regula la información financiera y crediticia, y la Ley 1581 de 2012, que establece el régimen general de protección de datos personales. Estas normas permiten a los ciudadanos acceder, corregir o solicitar la eliminación de datos personales contenidos en bases de datos, lo que representa un avance importante en materia de protección de la privacidad (Gonzáles, 2018).

Sin embargo, estas herramientas tienen limitaciones frente a la dinámica de internet. Muchas de estas normas fueron diseñadas para regular bases de datos formales, como registros financieros o comerciales, pero no para enfrentar la circulación masiva de información en la web. Cuando una noticia antigua sigue apareciendo en los resultados de búsqueda o cuando un contenido desactualizado continúa afectando la reputación de alguien, el procedimiento para solicitar su eliminación no es claro. En muchos casos, las personas deben recurrir a acciones judiciales o a solicitudes directas a medios o plataformas digitales.

Un avance parcial en esta materia se ha presentado en el ámbito financiero. La llamada ley de “Borrón y Cuenta Nueva” (Ley 2157 de 2021) redujo el tiempo de permanencia de los reportes negativos en centrales de riesgo, permitiendo que quienes paguen sus deudas puedan recuperar su historial crediticio en un plazo razonable. Esta medida busca ofrecer segundas oportunidades dentro del sistema financiero y evitar que una deuda pagada continúe afectando indefinidamente a una persona (Portafolio, 2025). No obstante, esta regulación se limita a la información crediticia y no abarca otros datos personales que circulan en internet.

En contraste, la Unión Europea ha desarrollado un modelo más claro. A partir del caso Google Spain (2014) y posteriormente con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), se reconoció el derecho de las personas a solicitar la eliminación o desindexación de información personal cuando esta resulta desproporcionada o ya no tiene interés público, siempre mediante un análisis que equilibre la privacidad con la libertad de información (AEPD, 2023).

Ante este panorama, Colombia enfrenta el reto de adaptar su marco jurídico a los desafíos del entorno digital. Reconocer el derecho al olvido no significa borrar la historia ni limitar la libertad de expresión. Más bien implica encontrar un equilibrio entre el acceso a la información y la protección de derechos fundamentales como la dignidad, la intimidad y el buen nombre en una sociedad cada vez más digital.

Referencias

Agencia Española de Protección de Datos – AEPD. (2023). Derecho al olvido en internet y redes sociales.

https://www.aepd.es/areas-de-actuacion/internet-y-redes-sociales/derecho-al-olvido

Gonzáles, D. (2018, 23 de marzo). El derecho al olvido en el régimen general de protección de datos en Colombia. Ámbito Jurídico.

https://www.ambitojuridico.com/noticias/tecnologia/tic/el-derecho-al-olvido-en-el-regimen-general-de-proteccion-de-datos-en

Guevara Tulcán, L. F. (2023). Derecho al olvido: desafíos en Colombia frente a la protección de datos personales. Episteme. Revista de Estudios Socioterritoriales, 13(1), 48-59. https://doi.org/10.15332/27113833.8327

Portafolio. (2025, 17 de junio). El derecho a una segunda oportunidad financiera y los retos que aún persisten.

https://www.portafolio.co/mis-finanzas/creditos/que-cambios-trae-la-ley-de-borron-y-cuenta-nueva-633268

La valoración del testimonio único de la víctima representa uno de los mayores desafíos del proceso disciplinario contemporáneo, en particular cuando se trata de conductas sancionables, cometidas en contextos de intimidad, como las violencias basadas en género. En estos escenarios, la escasez o inexistencia de otros medios probatorios convierte el testimonio de la víctima en el eje central del debate probatorio, generando tensiones entre la presunción de inocencia, el estándar de prueba más allá de toda duda razonable y el derecho de las víctimas a que se sancione la conducta, “se haga justicia”.

La jurisprudencia colombiana ha evolucionado hacia el reconocimiento de que el testimonio único de la víctima puede ser suficiente para sustentar una sanción disciplinaria, siempre que sea valorado conforme a las reglas de la sana crítica y mediante una motivación reforzada. De manera paralela, la perspectiva de género se ha consolidado como un criterio interpretativo obligatorio, orientado a erradicar estereotipos y prácticas revictimizantes que históricamente han afectado la credibilidad de las víctimas, especialmente mujeres.

En el proceso disciplinario colombiano no existe una tarifa legal que determine el valor de los medios de prueba. En consecuencia, el testimonio de la víctima constituye un medio probatorio autónomo, cuya valoración depende de su análisis racional y motivado, conforme a los principios de la sana crítica, la lógica y la experiencia, siguiendo los derroteros jurisprudenciales que día a día indican con gran fuerza que no es un testigo “sospechoso” por definición, sino un sujeto procesal cuyos dichos deben ser valorados con criterios objetivos y razonables.

Sin embargo, sigue siendo un problema jurídico, si el testimonio único de la víctima podía sustentar una sanción disciplinaria, o es necesaria la pluralidad probatoria como requisito legal, para no afectar la presunción de inocencia del investigado, toda vez que estaríamos frente al escenario de “es su palabra contra la mía”.

Desde la perspectiva de género se hace necesario analizar aspectos como que este tipo de conductas suelen cometerse sin testigos y en escenarios de privacidad, por lo que exigir pruebas adicionales puede convertirse en una carga probatoria desproporcionada o imposible; en el análisis probatorio se debe tener en cuenta el contexto de ocurrencia de los hechos, evitando valoraciones basadas en prejuicios sobre la conducta esperada de la víctima, rechazando criterios como la resistencia física, la reacción emocional, la conducta posterior al hecho o el tiempo transcurrido entre los hechos y la denuncia, como parámetros automáticos de credibilidad, pues en casos de violencia de género existen factores como el miedo, la dependencia económica, la vergüenza y el trauma psicológico, que explican el silencio o la denuncia tardía.

En conclusión, la condición de víctima no despoja al testimonio de objetividad, ni reduce su valor probatorio, por supuesto un interés subjetivo que invalida su dicho, así como la perspectiva de género no implica la flexibilización del estándar de prueba ni la inversión de la carga probatoria, sino la eliminación de prejuicios y estereotipos en la valoración del testimonio de la víctima.

En este sentido resulta importante entender que el testimonio único de la víctima puede constituir prueba suficiente para una sanción disciplinaria, siempre que sea valorado de manera racional, motivada y libre de estereotipos, consolidando la perspectiva de género como una herramienta interpretativa indispensable para garantizar una valoración probatoria objetiva, sin sacrificar la presunción de inocencia del investigado o los estándares probatorios exigidos en el proceso disciplinario.

En el derecho disciplinario han estado presentes las personas indígenas como sujetos susceptibles del juicio disciplinario; en leyes como la Ley 200 de 1995 y la Ley 734 de 2002 se contemplaba esta posibilidad a partir del manejo de recursos públicos. Unos ciudadanos, en el año 2003, demandaron esta expresión y la Honorable Corte Constitucional avocó conocimiento y declaró que la norma se ajustaba a los parámetros constitucionales, mediante la Sentencia C-127 de 2003, bajo el argumento de que el control de dichos recursos responde al interés general y no desconoce su autonomía, siempre que el Estado garantice una capacitación adecuada.

Años posteriores, se modifica de manera significativa el régimen disciplinario; con ello, se expide la Ley 1952 de 2019, denominada “Código General Disciplinario”, modificada por la Ley 2094 de 2021, la cual consolida una novedad en el marco normativo en materia disciplinaria. Esta, además de reafirmar a los indígenas como destinatarios de dicha ley cuando administran recursos públicos, integra en su artículo 25 que también lo serán quienes ejerzan funciones públicas. 

Frente a estos dos panoramas, es importante tratar de comprender la decisión del legislador, pues en el primer caso dicha justificación se encuentra en la protección del interés general y en la necesidad de garantizar una capacitación adecuada. A ello se suma el planteamiento doctrinal del maestro Carlos Arturo Gómez Pavajeau, quien advierte que, además de los argumentos expresados por la Corte Constitucional, “resulta razonable la aplicación del régimen disciplinario (…) siendo ello concordante con lo dispuesto en el artículo 53 sobre los particulares que manejan recursos del Estado” (Gómez Pavajeau, 2020 p. 688). Desde esta perspectiva, podría sostenerse que la referencia expresa a los indígenas como destinatarios de la ley disciplinaria más allá de una aparente redundancia normativa, se trata de la intención del legislador de enfatizar que, al adelantarse procesos disciplinarios frente a personas indígenas, debe incorporarse un enfoque diferencial, sin que su condición étnica excluya su sujeción al régimen disciplinario.

En cuanto al segundo punto, la situación se torna cuestionable al referirse al término “funciones públicas”, el cual resulta ambiguo en su aplicación. Ello obedece a que dicha expresión comprende diversas prerrogativas propias del Estado, tales como la función legislativa, ejecutiva, jurisdiccional y administrativa, entre otras. Esta amplitud conceptual conduce a deducir que cualquier función ejercida por una persona indígena podría considerarse función pública y, por ende, dar lugar a su sujeción al régimen disciplinario.

Pues bien, no habría mayor dificultad cuando una persona indígena ejerce la función legislativa, en tanto que, al investirse como senador o representante a la Cámara, queda sujeta al régimen disciplinario; lo mismo ocurre cuando ejerce cargos como alcalde, gobernador o concejal, o cuando se desempeña como servidor público en cualquier entidad del Estado, casos en los cuales su sujeción disciplinaria resulta clara. Lo complejo surge al intentar comprender si la referencia a quienes ejercen “funciones públicas” se introduce con el propósito de reforzar la aplicación de un enfoque diferencial, o si se trata de una categoría autónoma e independiente de la noción de particular que ejerce funciones públicas.  

Lo realmente complejo yace en determinar si el ejercicio de la justicia propia de las comunidades indígenas, reconocida por la Constitución Política en su artículo 246 y calificada como una “función jurisdiccional”, es susceptible de investigación disciplinaria. Ello es relevante dado que dicha función se ejerce conforme al derecho consuetudinario indígena y responde a una lógica de autonomía constitucionalmente protegida, lo que plantea dudas sobre el alcance del control disciplinario del Estado frente a estas autoridades.

A partir de este planteamiento, tanto en la presente opinión como en el capítulo “Sujeción disciplinaria de indígenas en ejercicio de funciones públicas: una mirada a la función jurisdiccional”, incluido en la obra Estudios contemporáneos del derecho disciplinario: integridad, regímenes y garantías, se propone una apertura al debate acerca de si esta intromisión del Estado, en ausencia de una ley de coordinación interjurisdiccional y un proyecto de ley actualmente en trámite, que no regula de manera expresa parámetros disciplinarios, resulta constitucional y convencional bajo el argumento del interés general, o si, por el contrario, configura una intromisión indebida en la justicia propia de los pueblos indígenas. 

A lo anterior se suman algunas interrogantes; como la determinación del órgano disciplinario competente para ejercer dicho control y la identificación de las sanciones eventualmente aplicables, considerando que estas autoridades no son servidores públicos en sentido estricto y que su eventual sujeción al régimen disciplinario se derivaría exclusivamente de la habilitación prevista en el inciso 3 del artículo 25 de la Ley 1952 de 2019.

Referencias

Corte Constitucional de Colombia. (2003). Sentencia C-127 de 2003 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/c-127-03.htm

Gómez Pavajeau, C. A. (s. f.). Dogmática del derecho disciplinario: de acuerdo con las leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021 (8.ª ed.). Universidad Externado de Colombia.

Ley 1952 de 2019 – Gestor Normativo. (s. f.). Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=90324

Rojas Dávila, J. A. (2025). Sujeción disciplinaria de indígenas en ejercicio de funciones públicas: una mirada a la función jurisdiccional. En Estudios contemporáneos del derecho disciplinario: integridad, regímenes y garantías (p. 155). Ediciones Nueva Jurídica.

 

 

Hablar con conocimiento de causa permite un acercamiento más real a las historias, una de las experiencias mas maravillosas de mi vida, me ha llevado a enfrentar situaciones y violencias silenciosas, institucionales y sistemáticas que para mí simplemente no existían. 

Hoy se habla mucho de la violencia vicaria, que constituye una de las expresiones más complejas y lesivas de la violencia basada en género, en tanto instrumentaliza a los hijos como medio para infligir daño emocional, psicológico y moral a la madre. Esta forma de violencia, que no se encuentra expresamente tipificada en la legislación colombiana, y no siempre es reconocida de manera oportuna por las autoridades administrativas, se inscribe dentro del marco de la violencia intrafamiliar y de género que el Estado colombiano tiene la obligación constitucional e internacional de prevenir, atender y sancionar.

En este escenario, los comisarios de familia, como autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales, cumplen un papel determinante en la identificación temprana de las dinámicas de violencia. Sin embargo, en el desarrollo del proceso, nos encontramos con situaciones que la invisibilizan, por ejemplo, la persona que da inicio a la actuación debe entregar la citación a quien por lo general es victimario o el progenitor ausente, se suscriben acuerdos que son incumplidos una y otra vez, el proceso es lento, revictimizante y poco efectivo frente a la garantía de los derechos, sobre todo de los hijos. 

Las preguntas que debemos hacernos son: ¿Quién solventa los gastos del menor, ante esos incumplimientos, reiterativos?, ¿Quién asume la carga emocional y de cuidado mientras se toman las medidas efectivas?, sin plasmar un tinte feminista en este escrito, en la mayoría de los casos es la mujer, quien además de estas cargas debe, soportar por parte de quien incumple, represarías ante la reclamación de derechos, como la falta de apoyo económico, la no realización de actividades propias de la crianza, la obstaculización en sus pautas de formación, incluso la limitación a las salidas del país del menor, y todo tipo de críticas y cuestionamientos estereotipados. 

La Corte Constitucional ha señalado que las autoridades deben analizar los casos de violencia intrafamiliar más allá de la agresión física, identificando patrones de control, manipulación, instrumentalización y daño psicológico (Sentencia T-967 de 2014). Ha enfatizado que la ausencia de enfoque de género en la valoración de los hechos, puede conducir a decisiones que perpetúan y reproducen estereotipos, configurando una forma de violencia institucional. (Sentencia T-172 de 2023). Este deber cobra especial relevancia cuando los niños son utilizados como medios de presión o castigo contra la madre, supuesto típico de la violencia vicaria.

Urge entonces una modificación en el procedimiento, y una ardua capacitación a los comisarios y funcionarios, toda vez que el desconocimiento de estos deberes puede configurar un defecto fáctico y procedimental, cuando la autoridad omite valorar indicios claros de violencia (Sentencia T-386 de 2018) y además puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria, al configurar el incumplimiento de deberes funcionales, ante la falta de debida diligencia, la falta de adopción de medidas de protección adecuadas, que de contera desconocen el interés superior de los niños involucrados. Aunado, el no ofrecer una respuesta institucional especializada, diligente, que profundice en la situación de vulnerabilidad de las víctimas con aplicación del enfoque de género y de derechos, constituye una violencia institucional que obstaculiza el acceso efectivo a la justicia. 

En conclusión, cuando un comisario de familia no identifica la violencia vicaria y no aplica la perspectiva de género, desconoce estándares de debida diligencia reforzada, mandatos constitucionales y convencionales, que estamos llamados a defender .

A tres años de la entrada en vigencia del Código General Disciplinario, la Procuraduría y las oficinas disciplinarias dando cumplimiento a la norma, separaron sus roles en instrucción y juzgamiento, creando unas tareas precisas para dar mayor garantía a los disciplinados.

La primera de ellas se trató de la Indagación previa, en averiguación de responsables con el fin principal de identificar e individualizar al presunto autor de la falta, esto con la garantía de no practicar pruebas de manera oculta al investigado, que de ella se desprende el auto de apertura de investigación disciplinaria o el archivo formal, el cual no hace tránsito a cosa juzgada y garantiza la no impunidad ante nuevos elementos que lleven a la apertura de la actuación disciplinaria que corresponda.

La segunda es la apertura de investigación disciplinaria, la cual comprende los hechos disciplinariamente relevantes de manera general con el fin de determinar la posible conducta a endilgar, y esto fundamentado en las pruebas ordenadas de oficio y por solicitud de los sujetos procesales.

Dichas pruebas pueden practicarse en la extensión de tiempo otorgado a través de la prórroga y las cuales nos llevan a dos caminos: el archivo definitivo o a la formulación de cargos, previamente haciendo un cierre de investigación disciplinaria y el ejercicio de alegatos previos de los sujetos procesales, entre ellos los que son llamados a reconocer como víctimas. Dicho esto, tenemos de manera general un resumen de las etapas procesales en la primera fase la cual corresponde a la instrucción.

Que, vista las etapas, el instructor puede actuar como juzgador en el sentido de dictar el auto de terminación del proceso, el cual es susceptible de recurso de apelación, y es acá donde surge el primer elemento a definir: si es bien concebido que el juzgador pueda actuar como funcionario de instrucción y, en esa medida, garantizar la separación de roles.

Una vez el funcionario de instrucción culmina el recaudo probatorio y derivado de su valoración define si es procedente la formulación de cargos, verificando que existan cuatro elementos necesarios: la culpabilidad, la ilicitud sustancial, la tipicidad y la conducta. De acuerdo a la existencia de los elementos señalados, la motivación de cada uno de ellos se sustenta precisamente de lo que revela las pruebas existentes en el expediente; una vez se centra en la tipicidad el instructor se convence de la posible responsabilidad del disciplinado, y eso queda reflejado en el pliego de cargos, finalizando con ello su competencia sobre el proceso.

El artículo 225D contempla la variación de cargos por dos circunstancias: la primera, por error en la calificación y, la segunda, por prueba sobreviniente; fijando como regla, para la primera, que una vez vencido el término para presentar descargos, el funcionario de juzgamiento mediante auto de sustanciación motivado lo devuelve al instructor para que formule una nueva calificación y, en el evento que esa instancia decida no variar, es decir, defienda su postura, se habilita para que el juzgador declare la nulidad del pliego de cargos.

En esto surge el interrogante: si en efecto se busca garantizar un debido proceso al investigado, pues el mismo no tiene por qué soportar errores en los que pudo incurrir el instructor, si el mismo no efectuó en debida forma la adecuación típica de la conducta, el juzgador debe limitarse a los términos a los que está estructurado el pliego de cargos y sobre ellos tomar la decisión de instancia.  Pero, de acuerdo con como el legislador lo plantea, es permitir al funcionario de juzgamiento que parcialice su decisión porque está siendo parte en el proceso al pedir que los cargos se realicen como el considera estén acorde a las pruebas. Es decir, desde ahí está haciendo una valoración de fondo y en esa medida direccionar el juzgamiento, pero con unos cargos calificados a su postura.

Es claro que el disciplinado puede rendir descargos sobre esa nueva calificación pero ¿hasta qué punto va ser fácil convencer al juzgador de lo que pretende con su defensa? Inclusive como requisito está que esa variación podrá realizarse solo hasta cuando se vence el termino para rendir descargos, es decir, que ya la defensa ha mostrado todos sus argumentos por los cuales considera el disciplinado deba salir absuelto o por lo cuales considera que el proceso en fase de instrucción pudo tener errores y, de cara a esta variación, pueden tomarse todos estos argumentos para estructurar un pliego de cargos que, podría decirse que cerrado para el ejercicio de una debida defensa.

En ese caso como defensa, ¿valdría la pena rendir descargos?, porque con lo definido en la causal primera de la variación de cargos, se podría interpretar como un desequilibrio en ese ejercicio de defensa.

De manera personal considero que esta variación era válida en vigencia de la Ley 734 de 2002, teniendo en cuenta que el mismo instructor era quien no se convencía de su calificación y por eso podía modificarla, pero el disciplinado se enfrentaba al mismo funcionario que lo modifica y le resultaba más accesible como defensa convencer a ese mismo juez disciplinario. En el Código actual, el caso es diferente, tal como ocurre con la variación por prueba sobreviniente y aunque el reparo en ese evento es que sea el mismo juzgador quien los varíe al no respetar la separación de roles, es defendible porque es por una prueba que muestra nuevos elementos que no son de conocimiento del juzgador.

Por lo que considero que contaminarse del proceso en fase de juzgamiento y devolver a la fase de instrucción, por la forma en que se calificó parcializa su posición, y pese a que este artículo fue demandado, la demanda no prosperó por inepta, es decir, no se ha considerado si esta norma es o no garantista de los derechos del disciplinado.