El legislador dotó al Código General Disciplinario de ciertos estadios procesales que cumplen finalidades óptimas para desarrollar la celeridad al interior del proceso sancionatorio. Un ejemplo claro de ello es la posibilidad prevista en el artículo 90°, que permite terminar de manera anticipada el proceso bajo las causales objetivas allí descritas. Entre ellas destacan algunos escenarios, como la existencia de una exclusión de responsabilidad o la atipicidad de una conducta.

Bajo esta misma línea argumentativa, la última causal del enunciado normativo establece que el proceso podrá finiquitarse cuando “la actuación no podía iniciarse o proseguirse”, siempre que dicho presupuesto se encuentre debidamente evidenciado. En este sentido, puede observarse que se otorgó una mayor libertad legislativa, ya que esta causal puede entenderse como una situación amplia, dentro de la cual pueden encuadrarse múltiples contextos que se presentan durante el trámite de una investigación disciplinaria. Tal es el caso de que, durante la duración del proceso, fallezca el disciplinado, supuesto en el cual la actuación deberá archivarse de forma inmediata.

Dicho lo anterior, es posible advertir que cuando el operador disciplinario, con base en los elementos materiales probatorios recolectados y la práctica de las pruebas correspondientes, no encuentre en el trámite de la investigación una afectación considerable al deber funcional como consecuencia de la actuación desplegada por un funcionario, podrá entonces, bajo esta última causal del artículo 90°, archivar el proceso.

Ahora bien, dicho auto de archivo debe estar debidamente motivado y cumplir con el estándar probatorio necesario, ya que la ley exige expresamente que, cualquiera sea la causal identificada para terminar el proceso, esta debe estar plenamente demostrada. Por tanto, una ilustración práctica sería el caso de un proceso disciplinario adelantado contra un empleado público que no dio una contestación oportuna a un derecho de petición, pero que, con posterioridad, mediante una acción de tutela, fue exhortado a darle trámite y lo hizo dentro de un plazo razonable. En consecuencia, y bajo esta hermenéutica, podrá declararse anticipadamente la culminación de la actuación sancionatoria, pues la conducta no alcanza a categorizarse dentro del espectro de la ilicitud sustancial.

Si bien esta postura podría entenderse como una ampliación conflictiva o innecesaria del ordenamiento jurídico, debe destacarse que dicha interpretación responde también a la materialización de preceptos sustanciales y dogmáticos propios del derecho disciplinario. En primer lugar, al no existir ilicitud sustancial —principio necesario para la subsistencia de la falta—, debe entenderse que la misma no existió. En segundo lugar, lo aquí expuesto constituye una extensión legítima de los preceptos legales del Código General Disciplinario, principalmente porque el artículo 13° de dicha normativa establece que el funcionario investigador tiene la obligación legal de determinar tanto las circunstancias que prueben la existencia de la falta como aquellas que la descarten.

Finalmente, resulta imperativo dejar constancia de que esta aplicación del artículo 90° se ajusta a los presupuestos fundacionales del debido proceso. Por un lado, se respeta de forma irrestricta la legalidad consagrada en la Ley 1952 de 2019, estimulando además principios subyacentes como la celeridad, una necesidad latente al interior de la administración. Por otro lado, se salvaguardan las garantías del implicado, fundamentalmente porque el derecho sancionador no puede ser ciego ante situaciones favorables para el disciplinado.

La evolución de las normas sustanciales y procesales en materia disciplinaria son una realidad que hoy en día nadie puede negar. La separación de roles que trajo consigo la sentencia Petro vs Colombia es una bocanada de aire fresco que el proceso disciplinario administrativo necesitaba; sin embargo, la variación del pliego de cargos aún persiste como un punto álgido que merece ser objeto de estudio, dado a que su funcionamiento puede significar un escenario óptimo para originar vulneraciones a facultades inherente al derecho fundamental al debido proceso.

El articulo 225D de la Ley 1952 de 2019 regula todo lo concerniente a esta figura procesal; decantando dos situaciones para su aplicabilidad (i) prueba sobreviniente y (ii) por error en la calificación. Siendo la segunda ciertamente preocupante, toda vez que el legislador dispuso que el operador de conocimiento pueda devolver el pliego de cargos al de instrucción si, con posterioridad a la finalización del término probatorio, bajo su perspectiva evidenciaba un error en la adecuación de la falta disciplinaria. Asimismo, en caso de una negativa por parte del funcionario investigador, quedará facultado el operador de juzgamiento para decretar la nulidad de lo actuado y, consecuentemente, emitir una nueva acusación al disciplinado.

En este sentido, es cuando brota a flor de piel un panorama desalentador para quien es objeto de la potestad sancionatoria del Estado, debido a que quien era responsable de decidir su situación jurídica con base en los elementos probatorios recolectados anteriormente; de forma anticipada este mismo puede establecer una hoja de ruta en la que se delimitaran los cargos endilgados y todas las diligencias de la etapa de juzgamiento, la cual el mismo finiquitara. Un parangón ilustrativo sería que, en materia penal, una vez formulada la acusación por la fiscalía el de juez de conocimiento desconociese lo adelantado, formulará una nueva y que, sobre esta base, adoptar la decisión final.

Ahora bien, no se puede dejar de lado la naturaleza del proceso disciplinario con respecto a la del penal. Si bien la primera se guía por la separación de roles y la segunda tiene su génesis en la naturaleza adversarial, no es menos cierto, que las garantías del procesado, las funciones y las finalidades del procedimiento deban relajarse, debido a que estas deben primar en toda actuación judicial o administrativa por igual.

En este orden de ideas, se afirma con certeza que la variación del pliego si puede generar problemáticas contra las prerrogativas que asisten al disciplinado, pues si recordamos el artículo 225D, este reconoce que la su aplicación no debe entenderse como un juicio previo de responsabilidad formalmente. Empero, considerando críticamente, ello dista de la realidad material, pues desde el momento en el que quien dará el sentido fallo adquiere conocimiento y competencia para formular los elementos concretos del pliego de cargos, se origina un prejuzgamiento anticipado, natural e inevitable con respecto a la resolución final. Esto produce un contexto marcadamente inquisitivo y de incertidumbre jurídica a todas luces, que desquebraja a cabalidad la imparcialidad con la que se debería de contar.

Finalmente se hace necesario recordar lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-1034 de 2006 “la imparcialidad es uno de los principios integradores del derecho al debido proceso que encuentra aplicación en materia disciplinaria. Este principio tiene como finalidad evitar que el juzgador sea juez y parte, así como que sea juez de la propia causa.”