Recientemente se ha reavivado el debate respecto a sí la negativa del abogado a regresar los honorarios cancelados por parte del cliente para adelantar una labor profesional que nunca se materializó, podría enmarcarse en el Núm. 4° del Artículo 35° de la Ley 1123 que prevé como falta disciplinaria “No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros (…) recibidos en virtud de la gestión profesional”, esta no es una discusión de menor envergadura; toda vez que, la posibilidad de enmarcar la conducta dentro de dicha falta hace la diferencia entre encontrarse frente a un conteo de la prescripción que inicia con la finalización de la relación profesional y otro que comenzaría únicamente con la entrega del dinero que fue confiado al abogado por concepto de honorarios.

Esta discusión académica en el ámbito disciplinario tomó especial relevancia en los últimos días; toda vez que, David Murcia Guzmán exdirector de DMG Grupo Holding decidió casi que 13 años después de terminado el contrato de mandato con el abogado Abelardo de la Espriella, presentar una queja disciplinaria en su contra por presuntamente haber retenido fuertes sumas de dinero que le habrían sido entregadas por concepto de honorarios pese a renunciar al poder el día 20 de noviembre del 2008.

Mas allá de cualquier opinión de fondo, lo que genera inquietud en la comunidad es: ¿Puede la jurisdicción disciplinaria pronunciarse frente a una “retención de honorarios” que tuvo lugar hace casi 13 años?

Para dar una respuesta completa no puede perderse de vista que existen distintos tipos de faltas disciplinarias, catalogándose en faltas instantáneas, continuadas y permanentes. Las primeras, tienen lugar en aquellas conductas que por su sola realización constituyen una falta disciplinaria sin mayor trascendencia en el tiempo, como lo sería, por ejemplo, no asistir a una audiencia o dejar vencer el termino para presentar un recurso.

Por otro lado, según la Comisión Nacional de Disciplina Judicial “Las faltas permanentes se mantienen en el tiempo, de manera ininterrumpida y sin la segmentación de la conducta. En cambio, las de carácter continuado consisten en la realización de un conjunto de actos u omisiones que tiene una unidad de propósito, designio o finalidad.” [1] Dicho lo anterior, la retención de dineros prevista en el artículo 35° Núm. 4° de la Ley 1123 del año 2007 sería una falta permanente y, por consiguiente, el conteo de la prescripción tendría lugar únicamente desde el retorno del capital.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, no puede pasarse por alto que existe una regla jurisprudencial clara frente al trato que ha dado el alto tribunal disciplinario a los honorarios como concepto de dinero recibido en el marco de la relación profesional, para entender esto vale la pena recordar lo siguiente:

“La expresión “en virtud de la gestión profesional”, señalada en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, hace referencia a todos los dineros, bienes o documentos que recibe un profesional del derecho (i) desde que se perfecciona el mandato, esto es, para iniciar la gestión; (ii) durante el desarrollo de la gestión y (iii) como producto de la gestión.

Sin perjuicio de lo anterior, la actual tesis contempla una serie de excepciones, como es el caso de (i) los dineros que se entregan por concepto de pago de honorarios, pues se entiende que los mismos entran a ser propiedad del abogado y en caso de no realizar la gestión la conducta debe enmarcarse dentro de la falta a la debida diligencia o si lo que se pretende es el reintegro de los mismos se deberá acudir a la jurisdicción correspondiente, (por incumplimiento contractual)”[2]

En ese orden de ideas, por más de que muchos colegas busquen señalar que al surgir los honorarios como consecuencia de la existencia de la gestión profesional estos podrían verse cobijados por la falta disciplinaria previamente mencionada, lo cierto es que la falta se refiere exclusivamente al dinero obtenido como fruto de la gestión profesional, quedando así claro que el juez disciplinario podría conocer únicamente de la conducta de cara a una eventual falta a la debida diligencia, la cual comenzaría su conteo de prescripción desde la terminación de la relación profesional y no desde la eventual devolución del dinero.

Como conclusión, se tiene que en el caso que da origen a la presente columna, la conducta habría prescrito el 20 de noviembre del 2013, fecha en la cual transcurrieron Cinco (5) años desde la terminación del mandato profesional existente entre David Murcia y Abelardo De La Espriella; por lo tanto, la queja presentada a consideración de quien redacta las presentes líneas adolece de cualquier respaldo jurídico.

[1] Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Sentencia de Rad. 680011102000 2017 01800 01 del 04 de agosto de 2021. M.P. Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo.

[2] Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Sentencia de Rad. 200011102000202100298 01 del 26 de febrero del 2025, M.P. Julio Andrés Sampedro Arrubla.

La prescripción es un límite temporal al poder punitivo del Estado que busca castigar con la perdida de competencia como consecuencia de la ineficacia de este a la hora de tomar una decisión en derecho dentro del término previsto para ello; razón por la cual, toma sentido que bajo ninguna circunstancia se conciba que esta puede permanecer a lo largo del tiempo sin empezar a contarse, salvo situaciones excepcionales como lo son por ejemplo las violaciones graves al Derecho Internacional de los Derechos Humanos o el Derecho Internacional Humanitario.

En ese orden de ideas, el derecho disciplinario como manifestación del poder punitivo del Estado, no es ajeno a este concepto dentro de su codificación, para confirmarlo basta con analizar el artículo 24° de la Ley 1123 del año 2007, por medio de la cual se explica que la prescripción en el proceso disciplinario aplicable a los abogados contará con un término de cinco años desde la comisión de la falta; no obstante, atendiendo los distintos tipos de faltas que existen, el legislador decidió delimitar tres grupos en los cuales se concentran la totalidad de estas, en primer lugar existen las conductas instantáneas, en segundo lugar las conductas continuadas y finalmente las conductas permanentes.

Ahora bien, el debate sobre cuando empieza a contarse la prescripción varía su dificultad dependiendo del tipo de falta; verbigracia, para las conductas instantáneas como lo sería por ejemplo faltar el respeto a un administrador de justicia, el termino de cinco años empezaría a contarse desde el día siguiente a la realización de dicho acto; sin embargo, el asunto se complica cuando se pasa a hablar de las conductas continuadas o permanentes.

La idea anterior parte de que según lo dicho por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial “Las faltas permanentes se mantienen en el tiempo, de manera ininterrumpida y sin la segmentación de la conducta. En cambio, las de carácter continuado consisten en la realización de un conjunto de actos u omisiones que tiene una unidad de propósito, designio o finalidad” [1], esto sumado a que la prescripción para dichas conductas solo empieza a contarse bien sea cuando cesa la exigibilidad de realizar una acción en los casos relacionados por ejemplo con el retraso de presentación de una actuación para las conductas permanentes[2] o en su defecto con el último acto ejecutivo paras las conductas continuadas[3].

Ahora bien, teniendo claro que en las conductas continuadas en todo momento habrá un “último acto” que sirva como base para conocer la fecha de la prescripción, surge una pregunta clara, la cual vendría siendo ¿Qué pasa con la prescripción si se inicia un proceso y aún la conducta permanente se está cometiendo? Esta es una pregunta más que fundada; toda vez que, la prescripción para este tipo de faltas únicamente se contará desde que deje de serle exigible al abogado aquello que no ha hecho o en su defecto desde que el deje de cometer la acción por medio de la cual se estructura la falta disciplinaria; por ejemplo, véase el caso del abogado que ha retenido injustamente el dinero de su cliente, situación en la cual bajo las reglas ya expuestas no habría iniciado en ningún momento el contento de la prescripción.

Es decir, el proceso llega a manos del juez disciplinario sin haber empezado el conteo de los cinco años de prescripción y sorpresivamente este último podría hacer uso de dicho quinquenio para tomar una decisión de primera instancia sin que exista ningún inconveniente; toda vez que, la prescripción en esos casos empieza a contarse desde la entrega del dinero, por lo cual el proceso fue adelantado en todo momento por parte del Estado sin que este tuviera la presión de que la prescripción podría llegar a operar como límite para la potestad disciplinaria.

Lo ya mencionado resulta ser algo preocupante; toda vez que, se estaría permitiendo entonces que el Estado desde que toma conocimiento de un caso tenga un lapso indefinido para decidir sobre la situación del investigado, atentando así contra el plazo razonable como una de las expresiones del debido proceso según el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Con base en lo ya mencionado, se busca por medio de las presentes líneas apoyar la idea de que atendiendo la teleología sobre la cual se erige la figura de la prescripción, no se pueda bajo ninguna circunstancia entender que el operador disciplinario cuenta con un plazo indefinido para tomar la decisión que en derecho considere; por el contrario, debe entenderse que para las conductas permanentes el termino de prescripción empezará a contarse desde que se emite el auto de apertura de investigación disciplinaria, esto a sabiendas de que la finalidad de la prescripción es justamente dar un término perentorio al estado para hacer uso de su poder punitivo, siendo incluso esta una postura apoyada por parte de la doctrina al señalar que para este tipo de conductas dentro de Ley 1952 de 2019 “el plazo de prescripción comenzará a contabilizarse desde el momento en que la entidad tome conocimiento del asunto” [4].

[1] Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Sentencia de Rad. 680011102000 2017 01800 01 del 04 de agosto de 2021. M.P. Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo.

[2] Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Sentencia de Rad. 680011102000 20160009911 del 14 de abril de 2021. M.P. Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo

[3] Ley 1123 del año 2007, Art. 24°.

[4] Salazar Chavarro, Cristian David. (2024). Derecho Disciplinario Interactivo. Ediciones Nueva Jurídica P. 212.

La labor del defensor en materia disciplinaria consiste en estudiar situaciones complejas y encontrar la forma de disminuir en la medida de lo posible el juicio de reproche que se ha de realizar a la conducta cometida por parte de su poderdante; no obstante, para nadie es un secreto que hay casos mas sencillos que otros, es bien sabido que no es lo mismo defender por ejemplo una acusación que inicia a un abogado por promover un litigio innecesario que ejercer la defensa de otro letrado que se abstuvo de emitir un recibo a la hora de recibir dinero por parte de sus clientes.

Es justamente sobre esta premisa que se erige la presente columna; toda vez que, existen conductas que requieren de un actuar que podría parecer mínimo, pero ostentan una serie de consecuencias palmarias; al respecto, se puede evidenciar en el caso del derecho disciplinario de los abogados que el no rendir informes a sus clientes o no emitir recibos del dinero recibido, son conductas que resultan “fáciles de cometer” pero a decir verdad terminan siendo “difíciles de defender”; toda vez que no es posible para el defensor atacar la ocurrencia de la conducta enrostrada, razón por la cual se hace necesario ejercer una defensa que se centra en aspectos procesales en tanto la lucha sustancial inicia perdida.

Ahora bien, esta no es una situación ajena al derecho disciplinario de los servidores público, esto a sabiendas de que omisiones tan básicas como lo puede ser por ejemplo incumplir con lo consignado en la Ley de cuotas, es decir, no respetar el porcentaje mínimo de presencia femenina en los cargos decisorios de una entidad pese a que no está prevista en el Código General Disciplinario como una falta gravísima, lo cierto es que si está consagrada como una causal de mala conducta según la Ley 581 de 2000, aspecto sumamente importante que es desconocido por un gran numero de servidores públicos.

Este último ejemplo representa a la perfección lo que busca darse a entender por medio de las presentes líneas; toda vez que, prácticamente se trata de una conducta que daría lugar a una sanción disciplinaria de tipo objetivo; toda vez que, con el solo hecho de probarse el incumplimiento de la Ley de cuotas se darían por satisfechos de manera automática los demás elementos de la responsabilidad disciplinaria, orillándose de esta forma al defensor a basar su teoría del caso en el elemento de la culpabilidad o en su defecto, en aspecto de índole netamente procesal.

Es así, que el presente escrito busca instar tanto a los abogados como a los servidores públicos a entender la vulnerabilidad que viene intrínseca con la labor que ostenta y el hecho de que conductas que a simple vista pueden parecer inofensivas, puede dar lugar a una acusación de índole disciplinaria solida que se terminará convirtiendo en un dolor de cabeza para quienes más adelante intenten velar por la garantía de sus derechos mediante el ejercicio de una defensa técnica.

Finalmente, si bien la labor del defensor es de medios y no de resultados, no existe nada mas gratificante que recibir un fallo absolutorio en favor de nuestro prohijado; sin embargo, cuando se trata de conductas como las ya mencionadas este objetivo se torna en un horizonte lejano y en las situaciones mas extremas, en un objetivo casi que idílico.

Si usted al igual que quien redacta las presentes líneas frecuenta espacios de discusión sobre derecho disciplinario o es un entusiasta de la lectura en esta materia, sin duda alguna habrá escuchado o leído en más de una ocasión expresiones como “la 1123 ya está mandada a recoger”, “ese código hay que reformarlo” o “los abogados luchamos por las garantías de otros y nuestro proceso no tiene ninguna”; en ese orden de ideas, puede sonar casi como una respuesta divina el hecho de que la propia Comisión Nacional de Disciplina Judicial esté impulsando una reforma a dicha norma; empero ¿es suficiente lo planteado por la Comisión para solucionar todos los problemas de la 1123?

La respuesta corta a la pregunta ya planteada es un rotundo NO, por otro lado, la respuesta larga aborda distintas aristas. Lo cierto es que si bien el gremio jurídico esperaba que la reforma que se le hiciera al Código Disciplinario del Abogado (en adelante CDA) fuera robusta y estructurada tal como ocurrió con el transito del CDU al CGD en el derecho disciplinario de los servidores públicos, la propuesta de reforma que se presentó resultó ser mas una respuesta a las quejas de los clientes que a las inconformidades de los abogados.

La reforma plantea básicamente que dentro del proceso disciplinario exista una etapa previa de conciliación para las faltas consignadas en los artículos 35° y 37° del CDA, el primero habla de faltas relacionadas con cobrar de más, aprovecharse de la necesidad o ignorancia del cliente y el no constancia de los dineros recibidos; por otro lado, el segundo habla sobre la demora en el inicio de las gestiones, no emitir informes de lo que se ha realizado, administrar de forma indebida los recursos que el cliente proporciona para adelantar el proceso y no informar al juzgado los abonos realizados a las deudas que se están cobrando.

Dicho lo anterior, ya existiría claridad respecto a cuáles son las presuntas faltas en las que procede; no obstante ¿Qué pasa en esta conciliación? Si se llega a un acuerdo este prestará merito ejecutivo una vez la Comisión declare el incumplimiento de lo pactado y de cumplirse se ordenará el archivo del proceso; no obstante si se incumple el acuerdo este prestará merito ejecutivo y además habilitará que el juez disciplinario inicie como tal el proceso que ya todos conocen; sin embargo, también prevé la reforma en la propuesta de parágrafo del Art. 106 que llegado el caso en que se encuentre responsable disciplinariamente al abogado de incurrir en la falta prevista en el Art. 35 Núm. 4 del CDA, ordenará a este último devolver bienes, dineros o documentos que tenga en su poder al afectado.

Lo curioso de la facultad antes mencionada es que señala como de incumplir con dicho mandato, el abogado sancionado estaría incurriendo en una nueva falta disciplinaria cuya investigación iniciaría de oficio. Lo ya mencionado sin duda alguna deja un sin numero de dudas siendo algunas de ellas:¿Iniciar el cobro ejecutivo de lo conciliado elimina la facultad prevista en el parágrafo del Art. 106? ¿Qué sucede si se concilia por una falta distinta a la que se demostró dentro del proceso? Y por último ¿Es justo ser sancionado dos veces por el mismo hecho?

Ahora bien, sin duda alguna la totalidad de las preguntas aquí planteadas irán encontrando su respuesta conforme se vaya estructurando jurisprudencia al respecto; no obstante, la verdadera pregunta a formular en este escenario es ¿Por qué no reformar definitivamente el CDA? Es evidente que la finalidad de la Comisión fue solucionar un problema que se venía evidenciando respecto a la apropiación indebida de dineros por parte de los abogados; no obstante, eso no resta validez al hecho de que esta era la oportunidad para garantizar la separación de roles en el CDA, incorporar la doble conformidad dentro de sus lineamientos y así mismo acoger el recurso de queja en este proceso, evitando así tantas decisiones en sede de tutela que han obligado a darle tramite.

En conclusión, se considera que si bien la reforma planteada por parte de la comisión aborda una problemática necesaria, no se deja de lado que se ha desperdiciado una oportunidad de oro para que el legislador tome partido en la dotación de garantías de cara al Código Disciplinario del Abogado; en ese orden de ideas, solo queda esperar que la Comisión nuevamente tome cartas en el asunto y periódicamente busque solucionar uno a uno los problemas antes mencionados y los demás que se logren evidenciar en la casi que anacrónica regulación del proceso disciplinario de los abogados.